Desde CC.OO. se viene denunciando que la gestión externalizada de los centros de protección de menores en Andalucía presenta numerosas deficiencias. La Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Infancia y Familias, hará efectivas, a partir del 1 de marzo, unas líneas de actuación que llevarán este servicio a niveles de atención mínimos y a una mayor precarización de las condiciones laborales de los profesionales que atienden a los menores.
Según el sindicato, lo anteriormente descrito, junto a los nuevos criterios economicistas y las prácticas de algunas entidades colaboradoras, están ocasionado el incumplimiento de la norma por la que se regula la cooperación entre la Consejería y las entidades colaboradoras en el acogimiento residencial en Centros de Protección de Menores. Todo ello con la consiguiente afectación a los niños y las niñas cuyo desarrollo emocional, físico y cognitivo ya ha sido vapuleado en su corta vida por la compleja circunstancia de que sus padres biológicos hayan dejado de ostentar su tutela
Asimismo, denuncia CC.OO., “las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de estos centros externalizados están pasando a ser de total precariedad”. Tanto es así, que las entidades que gestionan estos centros “olvidan” los derechos reflejados en los convenios colectivos que tienen la obligación de aplicar. Todo ello con el beneplácito de la Administración, que alega que la relación laboral de los trabajadores con estas entidades no es de su competencia.
El sindicato señala como muestra la reciente actuación de la ONG ‘Mensajeros de la Paz’, entidad que gestiona 18 centros de menores en Andalucía. Esta entidad el pasado 7 de febrero comunicó a sus trabajadores la aplicación de un ERE que va a suponer el despido de 26 trabajadores de los 138 que actualmente tiene contratados en Andalucía. Posteriormente, el día 18 comunica al resto otro ERE por el que reduce jornada y sueldo. Y finamente, denuncia CC.OO., “la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras que van a permanecer en la empresa quedará prácticamente desregularizada. Hecho que la propia empresa admite sabiendo que no es legal pero que excusa por verse obligada a ello.”
