A
principios de 2017 tomamos contacto con estos recursos por medio de dos
afiliadas/os al sindicato, que trabajaban como “monitoras” para
la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO en un piso de
adolescentes tuteladas/os. Ellas sacaron a la luz diversas irregularidades
laborales sucedidas en esta empresa
(convenio no adecuado, categorías por debajo de las funciones, falta de
personal, etc); Por ello fueron
despedidas, y ahora están inmersos en dos procesos judiciales para exigir el
cumplimiento total de los
derechos de las trabajadoras que esta empresa venía vulnerando, y ser
readmitidas al ser un posible despido
nulo con evidencias de haberse producido por ejercer la actividad sindical. Por
ello realizamos una CONCENTRACIÓN,
el pasado 29 de Junio en la Sede de la
Dirección General de la Familia y el
Menor, y
solicitamos reunión con su Director Alberto San Juan Llorente y con Comisión de
tutela. En ella coreamos con
fuerza: “no a los despidos en Grupo
Educativo”, “menores tutelados, currelas
xplotados”, o “madrid tutela, la empresa a por la pela”. Las
movilizaciones continuaran.
Desde CO.BAS Sector Social queremos hacer un análisis más profundo sobre estos
recursos, pues nos parece que la
situación laboral y general, debe ser denunciada. La situación es intolerable.
Los trabajadores/as de estos recursos, lo hacen en
situaciones de grave precariedad; nos encontramos con contratos temporales,
fuera del convenio, con jornadas por encima de lo permitido, incumplimiento del número de profesionales
especificados en los pliegos, contratados/as en categorías inferiores a las de la titulación que se les exige y
las funciones que realizan,etc. Siendo práctica habitual exigir titulaciones superiores (que presentarán a la
Comunidad de Madrid por exigencias de los pliegos) y contratarles como
Educadores, Trabajadores e Integradores Sociales, como cuidadores o monitores.
Por otra
parte, más de 2000 menores permanecen
en centros residenciales, con medidas de tutela o guarda, ejercida por la Comunidad de Madrid; chavalas/es con
situaciones de gran complejidad, algunas
incluso traumáticas, que llegan a centros donde debe primarse el bienestar e
interés del menor. El gobierno regional cuenta con una red de
unos 90 centros, entre centros de acogida, residencias de primera infancia, residencias y hogares
infantiles, centros específicos para menores con discapacidad, recursos de
adolescentes y centros específicos de salud mental para menores con
trastornos de conducta o con problemas
de consumo de drogas. Todo según
datos de la propia Comunidad.
Estos
centros, son recursos imprescindibles para velar por los derechos de los/as
menores. Recursos que a todas luces
tendrían que ser 100%PÚBLICOS, sin
más interés que el de salvaguardar los derechos de niños y jóvenes en situaciones de desprotección.
La situación real, dista mucho de buscar favorecer esos derechos e
intereses. El servicio esta casi en su
totalidad privatizado, y se lleva a cabo, por diversas entidades, que en la
mayoría de los casos, buscan
beneficios económicos aprovechándose de las cuantiosas cantidades que la
Comunidad pone a su disposición por
concertar estos servicios. (reciben unos 3000€ mensuales por plaza).
Servicios (y
esto es extensible a toda la red de
Servicios Sociales) que si estuvieran bien
estructurados y funcionaran correctamente,
generarían beneficios enormes para la sociedad. El Estado debe ponerlos en marcha,
para garantizar los derechos que promulga. Sin embargo, se externalizan y
privatizan, a base de contratos al mejor postor, buscando beneficios en un
ámbito que no es productivo
económicamente hablando; asi, la mayoría
de empresas recortan gastos de donde pueden
(derechos laborales, calidad de servicio, necesidades educativas, número
de profesionales, etc.).
Si
en los concursos priman la oferta más baja es evidente que la calidad del
servicio se ve directamente afectada.
Si no se controla que hacen las entidades adjudicatarias con el dinero
invertido el despropósito puede ser
enorme. Suculentas cifras de millones de euros sin priorizar la calidad de los proyectos de intervención, dejando los
derechos de los trabajadores y menores en un segundo plano. Todo
bajo el inexistente control por parte de la administración. No es que el servicio no sea público, es
que no existen mecanismos de control (ni hay interés
en que los haya), sobre en que condiciones las empresas
prestan y gestionan los servicios. ¿que situaciones se podrán llegar a dar
en estas entidades que desconozcamos?
Pisos
con ratios de 8/10 chavales por educador/a, con necesidades muy diversas, con una estructura de intervención externalizada y
descoordinada, generando nuevas situaciones de riesgo que se suman a las que ya traían los
chavales. Porque son las empresas, las
que finalmente deciden y
estructuran, las intervenciones y recursos que definiran esos intereses.
Así, convierten estos pisos en
recursos fundamentalmente asistenciales con graves dificultades para realizar
intervenciones educativas reales.
¿Cómo lograr que prime el bienestar del menor con este entramado? Debemos criticar abiertamente el diseño del sistema, y el negocio montado a su alrededor. Tiene que modificarse.
Devolviendo todos los recursos al
sistema público, acabando con las concesiones y apostando por el trabajo integrado, dando prioridad a la
intervención conjunta con las familias.
En base al
interés del menor, en ocasiones, se les saca de sus entornos familiares (sin
negar que ese hecho en determinados
casos es necesario), y se les lleva a centros, donde por estructura se
encuentran con otras situaciones de
riesgo (maltrato institucional, “guetificación”, traumas asociados etc). Debemos tener una visión más amplia, y denunciar, que, algunas de las conductas que llevan a los
tutelajes están relacionadas con
cuestiones derivadas por la desigualdad social. Desde los menores no acompañados, que cruzan las fronteras empujados por la
falta de futuro en sus países de origen, a las familias a las que se les retira la tutela por pertenecer a
“entornos marginales” derivados de la falta de recursos y oportunidades laborales. Culpabilizando a familias
y menores, de situaciones estructurales sucedidas por el fracaso del sistema. Deberíamos centráramos en intervenir
directamente en esas situaciones. No podemos obviar que deben existir
mecanismos para proteger a los menores, pero es que el entramado es ineficaz e injusto en determinados casos,
generando desprotección al intentar proteger, y apenas trabajando con las familias para resolver las causas por
los cuales se ha tutelado a los menores.
Empresas
del sector como Fundación Grupo Educativo, Fundación O’belen, Salud Mental Consulting, Grupo Norte, Dianova
etc. algunas de ellas con más que dudosas actuaciones, se rebelan como los principales gestores de
los servicios sociales. Tutelando las vidas de menores que
quedan a expensas de sus decisiones empresariales.
A
veces, las/los profesionales nos llenamos la boca con “el interés general del menor”, pero
olvidamos que la planificación de estos recursos son el principal obstáculo
para defenderlos. “Vocación por ayudar”,
se escucha a menudo en el sector social. Necesitamos una perspectiva
colectiva en el sector que se aleje
de las buenas intenciones, voluntariedades y caridades, y se vincule de forma
decidida con la justicia social. Así
podremos reivindicar y defender los derechos que tenemos y tienen las personas
con las que trabajamos.
POR TODO ELLO, EXIGIMOS:
CONTROL A LAS ENTIDADES CONCERTADAS; BASTA DE IRREGULARIDADES;
READMISIÓN DE LAS DESPEDIDAS EN GRUPO EDUCATIVO;
GESTIÓN 100% PÚBLICA DE LOS RECURSOS. DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS/LOS
MENORES
POR UNA PERSPECTIVA COLECTIVA Y REIVINDICATIVA EN EL SECTOR SOCIAL.
