«Mano dura» con menores de entre 13 y 17 años, desamparados y que se
encontraban acogidos en un centro dependiente de la Conselleria de
Bienestar Social. Ese era el método empleado presuntamente por el
director del centro «La Foia de Bunyol» con aquellos más conflictivos
para poder quitárselos de en medio e imponer su ley en un lugar que
debía de ser refugio para estos adolescentes en riesgo de exclusión
social. Así, lo considera la Fiscalía, que solicita una pena de dos años
de prisión y 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad para el
acusado por cinco delitos de maltrato y otro de violencia habitual sobre
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a
su guarda.
«El acusado, durante el tiempo que fue director del
citado centro, mantenía que la educación y la integración social de los
menores debía hacerse mediante métodos obsoletos de utilización de
fuerza física, para así doblegar a éstos a la disciplina del centro, sin
atender a la evolución personal de los acogidos, a las necesidades que
éstos presentaban y sobre todo a la racionalización y responsabilidad de
los propios actos cometidos», afirma el fiscal en su escrito.
Educadores ratifican la denuncia
Así,
hechos tan banales como que un interno castigado sin postre le quitara
la pera a un compañero, eran reprendidos presuntamente por el acusado
mediante golpes. Este incidente se remonta al mes de abril de 2012.
Según la denuncia, ratificada por varios educadores sociales que
trabajaban entonces en el citado centro de Buñol, cuando el director
tuvo conocimiento de lo ocurrido durante la cena, subió a la habitación
donde dormía el menor, y tras ponerse en cuclillas encima de él, comenzó
a golpearle, al tiempo que le decía: «¿Ahora quién es el maricón?».
Otra
educadora presenció como a ese mismo adolescente el acusado le
propinaba un golpe en la cara a la hora del desayuno, o como a otro al
que habían reñido por otra cuestión sin importancia era llamado al
despacho del director y una vez allí éste comenzaba a darle bofetadas en
la cara.
Esta práctica era algo habitual y entre 2011 y 2012
hasta nueve menores fueron golpeados supuestamente como forma de
castigo, llegando a causar lesiones a al menos dos de ellos. El fiscal
recoge en su escrito una herida en el labio que le causó a uno y una
moradura en la ceja a otro, al que abofeteó de forma reiterada tras
manifestar en presencia de otro educador: «Nosotros somos como si
fuéramos tu padre, pero como él no está esto te lo hago yo». Uno de los
incidentes más graves se produjo con un chico de origen marroquí, a
quien el acusado le hizo desnudarse hasta quedarse en calzoncillos y
golpeó, «con el propósito de causar un menoscabo en la integridad física
del menor», hasta hacerle confesar de dónde había sacado un dinero
supuestamente sustraído.
Además, el acusado «se reunía con los
trabajadores y educadores sociales cada semana y les manifestaba que a
los chavales conflictivos se les debía someter a situaciones límite a
fin de que éstos cayeran en una incorrección para llevar a cabo informes
negativos sobre ellos y que se los llevaran a otros centros». Este
hecho sería constitutivo de un delito recogido en el artículo 533 del
Código Penal, por el que también se enfrenta a una posible
inhabilitación de seis años.
NOTA: Desde el Colectivo No a O´Belen nos congratulamos de que, por fin, algún responsable de maltratar a niños y niñas en centros de menores se siente en el banquillo. Pero no podemos dejar de lamentar la laxitud de la petición de condena. Dos años de prisión (lo que supondrá que al no tener antecedentes, no entre en prisión) y seis años de inhabilitación por ejercer la violencia física y un gravísimo maltrato psicológico sistemáticos y continuados en el tiempo sobre los menores que estaban a su cargo por necesitar ser protegidos. Mientras tanto, sindicalistas honrados como Andrés Bódalo están encarcelados por supuestamente dar un empujón a un concejal del PSOE (fue condenado al desestimarse tanto un vídeo donde se aprecia que precisamente él intenta calmar los ánimos como el testimonio de los guardias civiles que allí se encontraban). Ésta es la inJusticia que sufrimos en el reino bananero de Españistán. Como mínimo, este criminal debería ser inhabilitado de por vida no sólo a trabajar con menores, también en cualquier actividad relacionada con los servicios sociales.
Además, consideramos que es necesario completar la información. Se trata de un centro de acogida de menores privatizado, gestionado cuando ocurrieron los hechos (y al menos hasta 2014) por la Fundación Amigó (los religiosos Amigonianos). Fueron miembros del propio equipo educativo del centro quienes denunciaron los hechos. Y como siempre ocurre en estos casos, la reacción de la caritativa ong fue el despido fulminante de los denunciantes. Por tanto, tan responsables son el propio director como aquellos miembros del equipo educativo que miraron para otro lado, como la Fundación Amigó y la propia Generalitat (y aquí se incluyen los técnicos de la administración, que o bien son cómplices o tan incompetentes que tampoco deberían seguir un minuto más en sus puestos).
