El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto de oficio una investigación para aclarar si ha existido o no “negligencia” por parte del Departament de Treball, Afers Socials i Família en el escándalo de abusos sexuales sufridos por más de 80 menores que fueron captados por una productora afincada en Catalunya para grabar películas pornográficas.
La investigación de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil ha descubierto que 26 de estos niños que participaron en los rodajes -cuando tenían entre 12 y 17 años- vivían en Barcelona y en Tortosa. Todos eran menores desamparados y la mayoría de ellos se encontraban bajo la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolesència (DGAIA).
Jaume Saura,
adjunto al Síndic de Greuges, ha recordado que la ley 14/2010 señala
que los poderes públicos tienen el deber de “tomar todas las medidas
necesarias” para proteger a los niños ante cualquier forma de violencia y
también el de promover la “recuperación física y psicológica” de aquellos que hayan sido víctimas.
En la evaluación que realizará el Síndic se valorará si ha existido o no descoordinación
por parte de todas las instituciones públicas afectadas dado que los
abusos comenzaron hace años y la voz de alarma no se dio hasta el 2015.
Es decir, la productora engatusó a menores durante largo tiempo sin
levantar sospechas. "Queremos saber también qué medidas se tomarán en el
futuro para evitar que se repita y de qué modo se reparará a las
víctimas que han sufrido estos delitos", ha detallado Saura.
“Cumplir con la obligación de proteger a los menores debería ser
incluso más exigible en el caso de estos chicos que estaban bajo la
responsabilidad de la Administración”, ha remarcado Saura. El Síndic
valora, no obstante, que fueron profesionales de la propia DGAIA quienes
pusieron fin a los abusos avisando a la policía catalana al
detectar actitudes sospechosas en algunos de los menores que tenían a su
cargo en dos centros de Tortosa.
El Síndic ya tiene abierta una
investigación de la actuación de la DGAIA en el reciente caso de los
menores tutelados que se fugaban de los centros en los que vivían
y esnifaban cola en el centro de Barcelona.
BENESTAR, ACUSACIÓN PARTICULAR
Afers Socials, por su parte, ha anunciado este miércoles que se presentará como acusación particular
en la causa abierta contra los siete miembros de esta red de pederastia
que no solo grababa el material pedófilo sino que también lo vendía.
Según han podido comprobar los investigadores, más de 300 clientes de todo el mundo, sobre todo de España y Francia, han comprado imágenes de la empresa Productos Aschcom SL,
la tapadera legal de esta organización sospechosa de explotar a 26
niños catalanes, 24 valencianos y a 30 de otros países -especialmente
Marruecos- a los que viajaban con el propósito de tener sexo con estos.
