El 8 de marzo no debe ser un día aislado para denunciar
la situación de las mujeres, por eso, hoy las profesionales de la
Intervención Social denunciamos la situación de extrema vulnerabilidad en que
se encuentran las mujeres sin hogar.
Las personas sin hogar son un colectivo muy heterogéneo caracterizado por una fuerte exclusión social y una gran vulnerabilidad ante todo tipo de abusos y agresiones. El 20% son mujeres, y llegan a la calle en peores condiciones que los hombres.
Más allá de los
datos oficiales, existe una bolsa muy importante de sinhogarismo femenino que
permanece oculto. Muchas mujeres, antes de verse en situación de calle, buscan
refugio en casa de familiares y amigos, o terminan soportando violencias de
todo tipo.
Las causas del sinhogarismo de
las mujeres tienen su origen en el sistema patriarcal, no debemos olvidar que
el 70% de las personas en
situación de pobreza son mujeres. Las tasas de desempleo de las mujeres
duplican las de los varones, y sus salarios y
pensiones son inferiores. También sufren en mayor medida que los
hombres precariedad e inestabilidad
laboral, con mayores tasas de temporalidad y parcialidad en la contratación,
siguen asumiendo las reducciones de jornada y excedencias por cuidados
familiares…
Es difícil, quizás imposible, encontrar una
mujer sin hogar que no haya sufrido violencia de género: muchas, antes de
encontrarse en situación de exclusión social, después, prácticamente todas. En
demasiadas ocasiones la violencia sufrida en un entorno de pareja y/o familiar
es el origen de situaciones de exclusión: por sus consecuencias en la salud
física y psíquica de las víctimas, por la falta de apoyo familiar y social, por
la falta de recursos económicos y por la escasa
e inadecuada respuesta ante estas situaciones por parte de las distintas
administraciones.
Graves carencias en
la red municipal de atención a personas sin hogar de Madrid
Los recursos de la red no son
seguros para las mujeres. Los centros de acogida y albergues municipales están
muy lejos de poder ser considerados espacios libres de violencia machista.
Esto es así porque la perspectiva
de género está completamente ausente en el diseño de la red. No hay centros
específicos para mujeres, y en los mixtos el personal no cuenta con formación especializada, ni elementos de actuación definidos para
mujeres. De hecho, ni siquiera existe un protocolo de actuación ante casos de
violencia de género en la red, situación que aumenta la indefensión de las
víctimas en los propios centros e incluso pone en riesgo la integridad física
de las profesionales.
La falta de plazas (incluso
durante la “campaña de frío”) y las largas listas de espera para acceder a los
recursos, deja a muchas personas sin hogar durmiendo literalmente en la calle,
quedando en una situación de gran vulnerabilidad (un 44% de hombres sin hogar ha sido víctima de
delitos de odio, porcentaje que aumenta al 60.4% en las mujeres). En el caso de
las mujeres sin hogar, esta situación aumenta el riesgo de sufrir agresiones
sexuales: una de cada cuatro mujeres sin hogar es violada, siendo también
víctimas de otros tipos de
violencia machista (explotación sexual, malos tratos, acoso, abusos…).
Es necesaria la elaboración de un
protocolo de actuación ante casos de violencia de género en la red municipal de
atención a personas sin hogar, además del aumento de plazas para que nadie se
vea obligada a dormir en la calle. A su vez, consideramos urgente tanto la
creación de recursos específicos para mujeres como la revisión del
funcionamiento de la red en su conjunto para incluir la transversalidad de
género en su diseño.
La Comunidad de Madrid mercadea con la atención a las víctimas de la
violencia de género
La
respuesta de las administraciones es fundamental para evitar que situaciones de
violencia de género terminen con sus víctimas, mujeres y menores, en riesgo de
exclusión social. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no hace más que
precarizar la atención a las víctimas.
Tras años de recortes, en 2013 la
Comunidad de Madrid subastó al mejor postor la gestión de la Red de Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Y Cristina Cifuentes ha seguido la
estela, manteniendo el ahogo económico y la escasez de recursos y plantillas en
los distintos recursos, dejando sin gastar aproximadamente el 30% del
presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista.
Ahora en 2018, en vísperas de que entrara en vigor la nueva
Ley de Contratos del Sector Público, mucho más garantista, el gobierno
Cifuentes da una nueva vuelta de tuerca, publicando los nuevos pliegos primando el ahorro económico, con “subasteo”
e imponiendo tal nivel de precariedad que hace inviable el servicio.
Apuesta por la
gestión directa de los servicios públicos
Los Servicios Sociales son un
servicio público. Un servicio necesario para garantizar los derechos de la
ciudadanía. Pero la privatización pervierte esta relación, supeditándola a las
necesidades del negocio empresarial. Consecuencia de la externalización, la
gestión del ejercicio de nuestros derechos está en manos de entidades privadas
de todo tipo, incluso de “fondos buitre”. Situación inaceptable, especialmente
en temas tan sensibles como la atención a personas sin hogar y la lucha
institucional contra las violencias machistas.
La gestión directa de los
servicios públicos es, además, la manera más eficaz de atajar la corrupción y la sangría económica de dinero
público que termina repercutiendo en cualquier cosa que no sea la calidad del
servicio y las condiciones de sus plantillas,
que también afecta a los Servicios Sociales, como demuestra el caso de la
empresa GINSO (Asociación para la Gestión de la Integración Social), que gestiona centros de menores y que aparece
entre los papeles de la trama Púnica según hemos conocido recientemente.
