Según la Sindicatura de Greuges, desde 2012, la Generalitat se queda la prestación de orfandad de los niños que viven en centros tutelados públicos, en vez de devolverles el dinero cuando salen del centro o son mayores de edad.
La cantidad suele fluctuar entre los 10 y 11 millones de euros anuales.
La adjunta del síndico de infancia, Maria Jesús Larios, cree que se
trata de un hecho discriminatorio, porque la tutela debe ser gratuita: "La pensión debe disfrutar aquel que es el titular. Y son los niños, que además son especialmente vulnerables.
Y quien no tiene una prestación de orfandad no contribuye. Y si la
familia supera los requisitos de capacidad económica tampoco contribuya.
Por lo tanto, esto es una discriminación; unos están contribuyendo a la prestación del servicio y otros, no”.
El Síndic ha trasladado este problema a todos los grupos políticos, para cambiar la ley de infancia de 2010, que permite la retención de la pensión de estos menores.
